EL ESPIGADOR
nº3
Cuando el diario Le Monde (29.03.11 ) le pregunta si es conveniente dejar la gestión de la energía nuclear a cargo de las empresas privadas o del Estado, el ex dirigente del gobierno civil de Fukushima contesta: «No se puede plantear el problema en estos términos. La tragedia de Chernóbil se ha producido bajo el control del Estado. En Japón, es una empresa privada. Sin embargo, la cuestión de fondo es el control democrático del proceso de decisión».
Buena respuesta, pero una verdad a medias. El control del proceso de decisión se apoya sobre unos datos tecnológicos que, cuando están guiados por el principio de rentabilidad y competitividad característico de la empresa privada, no pueden ser verificados. En cambio, la vocación de la empresa pública es guiarse por la preocupación del bien común cuando se trata de controlar las características y la construcción de los materiales encargados a la empresa privada. Aquella impone un pliego de condiciones que toma en cuenta su capacidad incomparable para evaluar los problemas. Sin embargo, su fuerza tiene que ser lo suficientemente grande como para recoger la información tanto al nivel nacional como internacional. Si ese no fue el caso en Chernóbil, bajo el control del Estado, conviene situar los hechos en función de la situación de los países de la antigua URSS, cerrados sobre ellos mismos en el plan tecnológico. De todas maneras, ahí hubo un error humano, el cual es independiente de la ideología de turno.
En el caso de Fukushima, conviene probablemente reflexionar sobre los errores humanos que acompañan al accidente. Pero, ante todo, se ha puesto en evidencia que priman los intereses de las empresas privadas por la rentabilidd. En efecto, tanto en el proyecto inicial como en la construcción se tomaron unas decisiones muy arriesgadas, no solo sobre el valor máximo del seísmo sino también sobre el maremoto. Según Le Monde, unos geólogos japoneses habían advertido sobre el riesgo de un maremoto importante, recordando que en 1893 y en 1933 las olas que atacaron las costa este median entre 29 y 33 metros . Estos datos no se tomaron en cuenta. El muro de protección ha sido edificado sobre la base de un maremoto en Chile, en 1956, lo que ha conducido a una altura de 5,5 metros .
En el caso de unos servicios públicos gestionados por el Estado y unas empresas públicas, ¿puede el control democrático de un proceso de decisiones hacerse bajo la única implicación de los representantes políticos y de los técnicos? ¿No aparecen conflictos de intereses entre instituciones o entre expertos del Estado y las constructoras? En la misma entrevista con el ex gobernador de Fukushima, éste hace referencia a la necesidad de separar la Agencia de Seguridad Nuclear (NISA) y su ministerio de tutela.
Cuando se trata de los servicios públicos tal como la energía, el agua, el transporte, la intercomunicación, el control democrático exige unas estructuras lo bastante articuladas como para permitir a la sociedad un derecho de participación y de decisión por medio de asociaciones informadas y responsables, nombradas por una ciudadanía activa.