Al principio de julio, por 436 votos a favor, 241 en contra y 31 abstenciones, el Parlamento europeo adoptó una resolución favorable al TTIP, con reservas sobre el mecanismo ISDS (Inversor-State-Dispute Settlement), tribunales privados que tratan de los desacuerdos entre inversores y estados.
El 16 de septiembre, la Comisión europea propone la creación de una Corte específica para solucionar los litigios en lugar de los tribunales de arbitraje estadounidenses ISDS. En realidad se trata de dos cortes permanentes: un tribunal con 15 jueces y un tribunal de apelación con 6 jueces. Los EEUU prefieren quedarse con la formación de un tribunal ad hoc para cada sunto con el argumento de que funciona desde hace unos 20 años con éxito en el ALENA ( tratad de Norrte América). La cuestión esencial en todos los casos es la independencia del juez (o del arbitrio) respecto al poder político y económico.
Todo depende de la función que se quiere infundir al mecanismo de resolución de conflictos, se trate de proteger a los inversores, limitarse a recordar el derecho y la ley, resolver los problemas con el menor coste, o despolitizar cualquier conflicto en materia de inversión. Se trate de la proposición de la Comisión Europea sobre unas cortes específicas o de los ISDS de Washington, la cuestión no se resuelve con jueces o árbitros competentes e independientes. Se trata de una elección importante sobre un posible cambio de sociedad que sólo el debate público debe aclarar con el tiempo necesario.
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