En el momento que
empieza el Mundial del football en Brasil, me llama la atención este artículo
publicado por Jean Philippe Belleau, profesor en el MIT, en “Le Monde” 12-06-2014.
Varios movimientos sociales
brasileños aprovechan en este momento la importancia simbólica de la Copa del mundo de football
para ejercer sobre su gobierno presiones de última hora. Aunque se intenta que
pase desapercibido en el extranjero, el más virulento entre ellos es el
movimiento indio. Desde el lanzamiento del acontecimiento
deportivo, dicho movimiento también ha previsto manifestaciones sin preocuparse
de su coste político frente a la opinión pública, consciente de que esta
“tribuna mediática” desaparecerá después de la final del 13 de julio en el
nuevo estadio Maracano (Rio de Janeiro). Se calcula que habrá en adelante una
manifestación por día en diversos puntos del país. Siempre pacífica, sin embargo estas manifestaciones son
reprimidas por la policía con un uso desmesurado y sistemático de la fuerza
como no ha sufrido ningún otro movimiento social. El 27 de mayo, la policía ha
dispersado violentamente una manifestación indígena en Brasilia usando balas de goma. Se ha podido ver incluso al
viejo líder indio Raoni, el más emblemático de los jefes tradicionales, el más
“nobelizable”, víctima de gases lacrimógenos delante del
estadio Mané-Garrincha.
En el caso de una revuelta india
durante esta Copa del mundial, el gobierno brasileño tendrá que cargar con una
gran parte de la responsabilidad. Los gobiernos de izquierda en el poder desde
2003, bajo las presidencias primero de Lula y, desde 2011 de Delma Roussseff, han sabido satisfacer las
reivindicaciones de los sectores más marginalizados de la población; sin embargo,
se han abstenido de enfrentarse a las
graves amenazas que continúan pesando sobre varias comunidades indias,
volviendo la espalda a las grandes ONG y su principal aliado, el Consejo
Indigenista Misionero (CIMI)…
El gobierno, desde 2003, se ha
apoyado políticamente en la bancada
ruralista, esos grandes propietarios terratenientes dotados de mandatos
electorales. Volcados en el cultivo de la soja, cuya exportación a Asia
garantiza ingresos importantes en la economía brasileña, estos propietarios muy
conservadores, solidarios entre ellos, han acumulado un gran poder político y
simbólico. El más emblemático de ellos es el exgobernador del Mato Grosso, y el
más importante productor de soja del mundo, Blairo Maggi, cuya colosal
importancia política para el gobierno, le ha valido ganarse cuatro partidos del
primer encuentro (de la Copa
de football) en su ciudad Cuiaba. Mientras que ciudades más pobladas no figuran
en el mapa del Mundial. Para estos propietarios, para los ganaderos, para el
sector minero, los indios continúan presentando un obstáculo a la
concentración de terrenos.
En el Mato Grosso del Sur es
donde la situación de los Indios es más dramática. Las comunidades guaraníes no
encuentran ningún apoyo verdadero en los diferentes niveles del Estado
brasileño. Entre los 60 jefes indios asesinados en Brasil en 2012, cerca de dos
tercios eran guaranies. Acosados por los terratenientes y sus pistoleiros, estas comunidades están
actualmente exangües. Diversos documentos de videos recientemente distribuidos
por la CIMI
muestran a estos esbirros abrir fuego impunemente sobre manifestantes
guaranies, y a veces hasta en el interior de sus pueblos. Uno de las grandes
fracasos del gobierno brasileño del Partido de los Trabajadores habrá sido su
incapacidad, desde 2003, para combatir la impunidad judicial en el medio rural.
A esta situación hay que añadir
el fracaso reciente de Belo Monte, en el que el gobierno, pasando por encima de
las violaciones de los Derechos constitucionales e internacionales de los Indios,
ha autorizado la construcción de una inmensa
presa hidro-eléctrica que inunda las tierras ancestrales de varias
comunidades y que impide su capacidad de reproducción social. Pero, sobre todo,
lo que ha empujado al movimiento indígena a actuar en plena Copa del Mundial es
la proposición de enmienda constitucional PEC 215, un verdadero golpe
anti-indio. Esta enmienda representa una amenaza potencialmente devastadora no
sólo sobre los Indios sino igualmente sobre la ecología, amenaza que ya no parece extraño que venga de un gobierno de izquierda, aliado
a la bancada ruralista, en todos los
engranajes del Estado. Esta enmienda da una nueva formulación a las condiciones
de obtención del estatuto de reserva indígena, lo que tiene por meta la satisfacción de los
que codician las tierra indias para explotarlas. Sonia Guajajara, una dirigente
de la Asociación
de los pueblos indígenas de Brasil (APIB) lo señala como una amenaza de
exterminio. La situación se ha degradado el 3 de junio con el rechazo de los
representantes indígenas de participar en cualquier negociación con el
gobierno, aumentando así los riesgos de un conflicto social abierto en plena
Copa del Mundial.
Se ha llegado a la paradoja de
que una serie de gobiernos de izquierda, encabezados por el Partido de los
Trabajadores, se ha mofado
sistemáticamente de los intereses y derechos del sector de la población
brasileña más despojado, más desarmado políticamente. Mientras las campañas pro-indias y la presión
internacional conseguían hacer ceder a los gobiernos de derecha de las décadas 1980 y
1990, los de izquierda parecen insensibles.
¿Qué puede pasar en los estadios?
Acciones en las capitales de los Estados más hostiles a los intereses indios,
como Culaba, parecen improbables. Lo mismo en los Estados sin amplia población
india como Porto Alegre, Fortaleza, Natal o Recife. Al contrario de Manaus,
Río, Sao Paulo y sobre todo Brasilia, o incluso Salvador se encuentran en los
planes desesperados de las organizaciones indias para, por fin, llamar la atención de la opinión pública
sobre su situación. El reto mediático más grande para el gobierno es que los
pueblos más capacitados para escenificar el conflicto –en particular los
Xavante y los Kayapo –se unan a las manifestaciones.
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